El Defensor del Pueblo de la Nación pide Reclasificar Agrotóxicos

Resolución sobre la Clasificación de la Toxicidad de los Agroquímicos

BUENOS AIRES, 12 de Noviembre de 2010

VISTO, la actuación Nº 1680/10, caratulada: "Solicitud de intervención vinculada a la modificación de la metodología utilizada en la clasificación de los agroquímicos", como así también las actuaciones Nos. 9203/02, 6193/03, 1305/04, 1389/07, 1614/07, 3840/07, 215/08, 7549/08, 912/09, 1839/09, 2216/09, 2787/09; y

CONSIDERANDO:

Que en la actuación Nº 1680/10, más de 2.700 firmas de ciudadanas y ciudadanos de distintos puntos del país, que desempeñan variadas actividades, manifiestan su rechazo por los daños a la salud que generan o pueden generar los agroquímicos fumigados y solicitan la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para lograr el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos.

Que con respecto a esta problemática existen diversas denuncias en la DPN (se agregan a la presente como Anexo I), en los medios de comunicación masiva y en la justicia, como así también un variado número de estudios científico-técnicos, que destacan los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud, de adultos y especialmente de niños, de poblaciones lindantes a zonas cultivadas donde se utilizan diversos tipos de estas sustancias.

Que el núcleo de los reclamos presentados a esta DPN tienen que ver, principalmente, con los siguientes puntos:

1. Mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos asociados a las aplicaciones de agroquímicos en las provincias de Misiones y Chaco. Simultáneamente, se produciría la degradación de la capacidad productiva del suelo, contaminación del aire y envenenamiento de los cursos de agua, en zonas tabacaleras y arroceras.

2. Aplicación aérea de agroquímicos, práctica que por estar los cultivos tan cercanos a los barrios y a las rutas, terminan rociando con sustancias tóxicas a los vecinos y viajantes.

Que de la investigación desarrollada por esta Defensoría, que incluye pedido de información al Ministerio de Salud de la Nación y a la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires fs 200-2005, Cuerpo II de la actuación, entre otros, surge que los síntomas de intoxicación con estas sustancias son variados según su tipo. Así algunos tóxicos no producen síntomas en lo inmediato, sino que se acumulan en el organismo hasta que sobrepasan el límite de resistencia del hígado, mientras que otros no tienen poder residual, pero, son de alta toxicidad. Las consecuencias van desde el dolor de cabeza, fatiga, debilidad, mareos, náuseas, hasta la alteración del sistema nervioso, problemas respiratorios, en la sangre y en los huesos, retardo mental, carcinogenicidad, daño reproductivo y muerte. 

Que la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el Sr. Gobernador en diciembre del 2009, elaboró un "Primer Informe" donde se señala que los casos de cáncer en niños menores de 10 años se triplicaron en la última década, y que este incremento coincide con la aplicación de prácticas y técnicas de cultivo que incluyen pulverizaciones aéreas con pesticidas vinculadas a la expansión de la frontera agrícola; que las malformaciones congénitas en el mismo período se incrementaron aún más, llegando a cuadruplicarse. Esta información fue presentada por los denunciantes y corroborada en el "Iº Encuentro Nacional de Médicxs de Pueblos Fumigados", realizado el 27 y 28 de agosto del corriente año, por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en esa ciudad y del que esta Defensoría ha participado.

Que la Resolución Nº 350/99, de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, es la que regula, hasta hoy, la autorización y clasificación de los agroquímicos en la R. Argentina, a través del "Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina", que figura como anexo de dicha norma.

Que la misma adopta la toxicidad aguda del producto formulado mediante el método conocido como DL50 (dosis letal aguda cincuenta por ciento), como única metodología de clasificación (Capítulo 2 del referido manual).

Que la metodología de clasificación basada en la DL 50 no tiene en cuenta ninguna de estas tres situaciones: si la sustancia analizada tiene efectos letales tardíos, postergados en el tiempo; efectos acumulativos después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años, o afectaciones a la salud que disminuyen la calidad de vida.

Que, en otras palabras, la norma que actualmente regula la clasificación de los agroquímicos, no considera en su metodología:
a. la toxicidad subletal, es decir, la que no mata en un plazo corto, pero causa otros daños y/o resulta letal a largo plazo.
b. la toxicidad crónica, es decir, aquella que produce daños y/o muerte por exposición repetida.

Que los agroquímicos que se utilizan en la Argentina no se aplican en forma individual, sino que varios de ellos se mezclan en formulados con el objeto de aumentar su toxicidad.

Que la clasificación del formulado según el "Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina", ya citado, que considera inerte a todos los coadyuvantes de la sustancia activa, se realiza teniendo en cuenta la clasificación toxicológica del denominado componente activo, y no la de la sustancia más tóxica, haciéndolos parecer como menos peligrosos de lo que en realidad son.

Que, en consecuencia, la toxicidad indicada para los formulados comercializados no representa su toxicidad real.

Que las clasificaciones que indica ese manual son las que después utilizan los gobiernos provinciales para elaborar las normas que regulan la aplicación y control de los agroquímicos en sus territorios, extendiéndose las consecuencias sobre los municipios, comunas, viviendas y escuelas rurales donde la gente desarrolla su vida.

Que esa clasificación de las sustancias químicas, al no tener en cuenta la totalidad de los efectos nocivos de los agroquímicos para la salud, trae aparejados controles laxos e insuficientes que evidentemente, por lo antes mencionado, resultan deficientes para el cuidado de la salud de la población expuesta y del medio natural.

Que los cuidados que adoptan las personas que manipulan y aplican los agroquímicos están estrechamente vinculados a su clasificación toxicológica y a las normas que resultan de esa clasificación, induciendo a la población a manipularlos con menos cuidados que el que corresponde.

Que, por otra parte, esta DPN en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas y las Agencias PNUD, UNICEF, OIT y OPS-OMS, ha concluido el primer Atlas de Riesgo Ambiental de la Niñez en la República Argentina, que posee un capítulo completo dedicado al análisis del riesgo por agroquímicos.

Que durante su elaboración se encontraron dificultades para sacar conclusiones, dado que los resultados teóricos basados en la clasificación toxicológica actual de las sustancias no coincidía con las observaciones de campo respecto a sus efectos nocivos.

Que aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, lo expresado en el Atlas da cuenta de un número aproximado de 3 millones de niños y niñas que viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.

Que el conjunto de los considerandos expuestos, permiten concluir que la modificación de la norma que fija la metodología de clasificación de los agroquímicos, es una de las medidas absolutamente necesarias para dar verdadera protección tanto a la población como al medio natural que la contiene, contra los riesgos y daños que generan los agroquímicos.

Que la clasificación de los agroquímicos en función de criterios que contemplan la toxicidad subletal y crónica, a fin de determinar sus pautas de uso y manejo, es una medida eficaz en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y proteger la salud humana.

Que conviene, asimismo, señalar la necesidad de lograr que las evaluaciones de riesgo sean elaboradas por entes independientes en contrario de lo que actualmente se practica, según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación que señala que las mismas son provistos por el productor. Si bien estas evaluaciones se ajustan a los protocolos internacionales de estudio es necesario asegurar una independencia de criterio transparente al respecto.

Que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo".

Que la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, define al principio precautorio en su art. 4 en los siguientes términos: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley Nº 24.284, modificada por la Ley Nº 24.379.

Que en consecuencia de todo lo expuesto corresponde efectuar una recomendación al SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACION que ordene, a las áreas que corresponda, se efectúen los estudios necesarios para modificar la actual normativa que fija la metodología de clasificación de agroquímicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 86 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley Nº 24.284 y normas concordantes.

Por ello,

EL ADJUNTO I DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1.- Recomendar al SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que:
1) Abarque al conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar (letal y subletal, agudo y crónico).
2)  Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como "I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos", e identificados con banda roja.
3)  Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente.
4)  Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos, deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.

Artículo 2.- Regístrese, notifíquese en los términos del artículo 28 de la ley Nº 24.284, publíquese y archívese.


RESOLUCION Nº147/10



fuente: Sito oficial del Defensor del Pueblo de la Nación

link:


http://www.dpn.gov.ar/areas.php?id=01&ms=area3

¡¡ Peligro: Masiva Fumigación con GLIFOSATO en el barrio de Saavedra !!

El Martes 7 de Septiembre, en un mediodía  radiante de principios de primavera, nuevamente una cuadrilla de cuatro fumigadores, y cuatro personas más, incluído personal de TBA, fueron detectados y fotografiados por un grupo de vecinos del barrio de Saavedra. 

Si bien se desconoce la mezcla exacta de los productos rociados, la empresa encargada es la misma que realizó la fumigación del día 20 de agosto, por lo que inferimos que se trataría otra vez del temido glifosato. El personal lucía remeras identificatorias con el logo de Express Wash, empresa que estaría radicada en Haedo. 

Express Wash SRL

Como muestran las fotografías, los apartos rociadores se cargaron en pasos a nivel altamente transitados, como los de Plaza y Crisólogo Larralde y Plaza y Balbín, en donde bidones sin tapa fueron dejados en la vereda, así como las máquinas rociadoras,  que sin ningún tipo de prevención, quedaron chorreando veneno en el paso de los peatones.

Los operarios trabajan a paso firme y en pocos minutos recorren un par de cuadras por lo que son difíciles de interceptar.  Si bien los operarios que realizan la fumigación poseen trajes  y máscaras, los acompañantes que a pocos metros caminan con ellos y recargan las máquinas, apenas usan guantes.

Crisologo Larralde y Plaza, mediodía. " fumigame el auto pibe "

En los útimos días se han detectado plantas sobre la calle Plaza que "misteriosamente" se secaron una semana después de la fumigación.

El operativo se concretó en un par de horas, e incluyó las vías y aledaños (hasta la vereda) desde Avenida Congreso, hasta la avenida General Paz , el límite con Vicente López.

"Comprate un pancho y lo comemos acá, con los bidones abiertos."

Hay algo que huele mal en Saavedra..

"gracias a estos pibes ya casi no tengo hormigas... espero que los pichichos aguanten....."

 

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

Denuncian que agroquímicos afectan a personas y al ambiente

Fecha de Publicación: 13/11/2010
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco

Un grupo de pobladores informaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura que los agrotóxicos que se pulverizan en la estancia “Don Panos”, de Eduardo Eurnekian, afectan desde hace 10 años a la salud y al ambiente.
Vecinos y productores indígenas de Campo Medina y de lotes aledaños a Pampa del Indio denunciaron que la pulverización de agroquímicos que se realiza periódicamente en la estancia sojera “Don Panos” propiedad del empresario, Eduardo Eurnekián, está afectando no sólo las plantaciones que allí se realizan sino también a las personas y a los animales de la zona.
La denuncia fue radicada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial y está firmada por los pobladores Mariano Peñaloza, Simón González, Enrique Napoleón Tomas, Santos López y Juan Bautista Capra. En la nota, los pobladores denuncian los “severos daños sobre personas, animales, plantaciones y cursos de agua, debido a la fumigación por parte de la empresa ‘Don Pano’ con agrotóxicos desde hace aproximadamente 10 años, variando los mismos de acuerdo a la rotación de cultivo que hace la mencionada empresa”.
En la presentación los pobladores identificaron a los lugares afectados como lote 4 de Campo Nuevo, lotes 100, 101, 73 y 45 de Campo Medina. Los vecinos además indicaron que cada vez que se realizan pulverizaciones en los campos de Eurnekian “se perciben olores insoportables, se registran mortandad de animales y chicos con manchas en la piel”.
Los vecinos solicitaron a los diputados que integran la Comisión que intercedan “de manera urgente a fin de que dichas fumigaciones, en virtud de que los daños son irreparables sobre bienes y personas”. El diputado de Proyecto Sur, Carlos Martínez, al término del encuentro informó que la comisión correrá traslado de esa denuncia al órgano de aplicación de esa de la Ley de biocida que es el ministerio de la Producción y Ambiente.
Esta no es la primera vez que se denuncia la actividad de Eurnekian en tierras chaqueñas. En 2006, la organización ambientalista Greenpeace escrachó al dueño de Aeropuertos Argentina 2000 en su propia estancia de Pampa del Indio cuestionándolo por el desmonte que se estaba realizando en la zona.
“Eurnekián: Matar al bosque no es negocio”, decía la bandera de 60 por 25 metros que se desplegó en esa oportunidad. El empresario había sido denunciado por la organización ecologista en un informe titulado “Desmontes S.A.”, en el que se lo acusó de ser el responsable de desmontes ilegales en 4 mil hectáreas.

EE.UU. vienen a investigar el uso de agroquímicos en Argentina

Estadounidenses investigan el uso de agroquímicos y las malformaciones

Fecha de Publicación: 12/11/2010
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Misiones

Un grupo de profesionales, integrado por médicos y abogados de Estados Unidos y abogados de Buenos Aires, llegaron a esta localidad para avanzar en la investigación sobre el uso de agroquímicos y su relación con la malformación genética de niños.
Eligieron San Vicente, porque según una investigación particular, en esta localidad y zonas aledañas hay cientos de casos de chicos con malformaciones genéticas, relacionadas con el uso de agroquímicos.
Ayer por la mañana, en el hotel donde se hospedaron, los profesionales vieron a chicos de la zona y por la tarde recorrieron algunas colonias.
El grupo está integrado por el médico Bryan Hall y los abogados Steven Phillips, Dave Strouss, Diane Paolicelli, Peter Kraus y Zach Haupt del estudio Bifferato Llc, además de los letrados Esteban Mustapich y Alejandro Capilla.
Algunos de ellos ya habían venido a Misiones en abril de este año, y para otros es la primera vez que pisan la tierra colorada. Hoy a la noche prevén entrevistarse con el médico e investigador sobre este tema, Hugo Demaio, en la capital provincial.

Investigación particular
Raúl Godoy dijo a El Territorio que nació en San Vicente y cuando tenía ocho años se fue a vivir a Buenos Aires, pero con frecuencia volvía a visitar a su madre. En esas visitas le llamó la atención la cantidad de chicos que veía con malformaciones genéticas, situación que lo empezó a inquietar y no dudó en comenzar a investigar en forma particular en 2001. Luego se contactó con los médicos Hugo Demaio y Andrés Carrasco, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quienes ya habían avanzado sobre ese tema.
Según sus apreciaciones, entre los agroquímicos más tóxicos que se utilizaban con frecuencia en Misiones están el Furadán, el Roundup y el bromuro de metilo. Tras relevar varios datos, hace dos años, llevó los casos a los abogados Esteban Mustapich y Alejandro Capilla, quienes, a su vez, se contactaron con un estudio de abogados de Estados Unidos. Godoy precisó que es un tema complejo. “Vinieron cuatro estudios (de abogados) de Estados Unidos pero no quisieron investigar, porque se necesita mucha plata para venir a investigar y hacer el juicio. Ahora sí vino este estudio, que es muy bueno”, indicó.
“En la zona de San Vicente, San Pedro y Colonia Paraíso hay 118 casos registrados”, señaló Godoy, y agradeció la colaboración de Kike Nacimento, a la vez consideró que en Misiones serían unos 3.000 los casos de chicos con malformaciones, nacidos en su mayoría en la década de los 90. No obstante señaló que hay más casos en Leandro N. Alem y 25 de Mayo.
Según manifestó Godoy, luego de las investigaciones realizarán una demanda judicial a las empresas que operan con agroquímicos: Dupont, Monsanto y Bayer, de Norteamérica y Alemania.

La intensidad y la cantidad
El abogado Alejandro Capilla manifestó que es algo insólito la cantidad de casos.
“Ver la cantidad de chicos con problemas es enorme, a causa de los venenos que se usan en las plantaciones”, dijo y sostuvo que “lo que se investiga es la toxicidad y la capacidad de causar malformaciones por exposiciones prolongadas en un determinado tiempo”. En este sentido, el abogado Steven Phillips, explicó a El Territorio que en Estados Unidos se usa glifosato pero la intensidad es menos del 2%, mientras que en Sudamérica es del 43%.
Además, “allá se usa en grandes extensiones donde la gente no vive, acá los campos son pequeños y la gente vive ahí. También allá las madres no trabajan con el producto, acá trabajan incluso estando embarazadas”. Incluso sostuvo que “la cantidad de gente que posee problemas en Misiones es mayor que en cualquier otro lado de Argentina. Estos números se dan en las chacras tabacaleras y no en otro lugar”.
Según el abogado norteamericano, las madres pueden ser afectadas por los venenos de tres formas: en contacto con la piel, inhalación e ingestión. Las malformaciones pueden ser genéticas, cuando está afectado el esperma del padre o el ovario de la madre.
Otra forma es cuando la madre está embarazada y el producto atraviesa la placenta y llega al bebé, por lo que afecta el desarrollo y la formación de órganos. En algunos casos genera nacimientos prematuros y otras complicaciones. La otra forma es por contacto con la piel, cuando se fumiga o se prepara el producto, con exposición de la piel. Otra vía es la inhalación, cuando se pulveriza y va a los pulmones y a la sangre. Y por último por ingerir.
Consultados por las licencias autorizadas que tienen los productos agroquímicos y las empresas que las fabrican y comercializan, Steven Phillips puntualizó que en algunos casos “las empresas no son honestas, ni acá, ni en Estados Unidos. Hay cientos de productos que obtuvieron licencias y tienen problemas, y no fueron estudiados. Además sobre muchos de estos productos las compañías no le dan la información correcta al usuario sobre el uso”.
Steven aseguró que “tenemos documentos internos de compañías que dicen que no tiene sentido darles explicaciones a los colonos porque no entenderían o no seguirían las instrucciones”.

Un nuevo estudio para los agrotóxicos

Fecha de Publicación: 15/11/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional

En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.
Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.
Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.
“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.
En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.
El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.
Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.
La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.
La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.