La CNRT prohibió el uso de herbicidas en las vías

La medida fue tomada por recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que consideró que la aplicación de esas sustancias que evitan el crecimiento de pastizales y malezas "no son inocuas" y "pueden ser altamente perjudiciales", así como también "producir efectos tóxicos crónicos y agudos en la salud de los seres humanos, en los animales y en toda la biodiversidad" de las zonas donde es utilizada.

El texto que prohíbe el uso de esas sustancias en las vías férreas que atraviesen ciudades y pueblos indica que "distintos autores dan cuenta que el glifosato expone a riesgos de disfunciones endócrinas, daño celular y daño al material genético, y que estos efectos se producen en dosis que están entre 500 y 4000 veces por debajo de lo que se aplica normalmente para el control de malezas".

Por este motivo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) "instruyó a las empresas concesionarias y a las unidades operativas que asumieron la operación integral del transporte ferroviario a que suspendan la aplicación de herbicidas para el control de la vegetación en la zona de vías, dentro de áreas urbanas".

Otra de las razones es que los herbicidas regados en esas zonas "expone a los vecinos a sus posibles efectos perjudiciales, incluyendo la población de hospitales y de escuelas cercanas".

Según el organismo, se recibieron "múltiples reclamos de vecinos y vecinas que habitan en las zonas circundantes a los Ferrocarriles San Martín, Mitre, General Roca y Belgrano Sur y Norte", así como también de las que circulan por varias provincias. Por este motivo, la CNRT dispuso que las empresas que operan servicios de ferrocarriles "deberán utilizar medios alternativos para controlar la vegetación en zonas urbanas".

fuente: Página 12, 3 de mayo 2013 / Defensoría del Pueblo de la Nación

http://www.dpn.gob.ar/main.php?cnt=41&id=01

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-219243-2013-05-03.html

Primer juicio oral por los agrotóxicos

La Justicia de Córdoba decidió llevar a juicio oral a tres personas acusadas de contaminar con agroquímicos el barrio de Ituzaingó, en las afueras de la capital provincial. En el lugar fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales.

Por primera vez, tres personas serán sometidas a juicio oral y público por contaminar una zona poblada con plaguicidas peligrosos para la salud, principalmente el glifosato y el endosulfán. Los imputados son dos productores agropecuarios y un piloto de avión, que están acusados de llevar adelante una fumigación clandestina en Ituzaingó, un barrio cercano a la ciudad de Córdoba.

El juicio se hará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en la Cámara Primera del Crimen de Córdoba. Los imputados son los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el comerciante y piloto Edgardo Pancello. Los tres fueron acusados de haber violado el artículo 58 de la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe la aplicación aérea de endosulfán o glifosato cerca de un sector urbano.
La investigación de la causa fue realizada por el fiscal de instrucción Carlos Matheu y luego terminó convalidada por la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba.
La ley de agroquímicos prohíbe precisamente la aplicación aérea de determinados productos usados en las plantaciones en un radio menor a los 1500 metros (en el caso del endosulfán) y a los 500 metros (en el del glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de químicos peligrosos para la salud.
La causa fue iniciada en 2008, cuando el entonces secretario de Salud de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, denunció a los productores por considerar que fumigaban al lado del barrio, a pesar de la prohibición.
Las denuncias iniciales se remontan al año 2002, cuando un grupo de mujeres del barrio Ituzaingó denunció que había numerosos casos de cáncer en esa zona periférica. Las viviendas de esas personas están en un sector colindante con extensos campos cultivados. La investigación permitió detectar que casi 200 personas habían contraído cáncer y cerca de cien ya murieron. “Lamentablemente, no se hicieron los análisis del suelo ni seguimiento de chicos enfermos”, dijo Sofía Gatica, quien perdió a una hija con malformación de riñón y tiene otra hija –de 17 años– a la que ya le detectaron agroquímicos en sangre.
Por su parte y al solicitar el año pasado el enjuiciamiento de los tres imputados, el fiscal Carlos Matheu no dudó en afirmar que “estos agroquímicos son cancerígenos”.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico, según los estudios realizados: el PCB de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) emplazados en el sector, agua contaminada con arsénico y los agrotóxicos por las fumigaciones cercanas.
El abogado Carlos Hairabedian, defensor de uno de los productores agropecuarios, consideró de todos modos que faltaban pruebas para sostener la acusación.
El uso de agroquímicos es cuestionado duramente por organizaciones ecologistas y científicos que realizan monitoreos de la situación. En ese marco, días atrás investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba dieron a conocer un informe sobre niveles significativos de metales pesados en granos de trigo en siete áreas de la provincia.
El investigador de la UNC y del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, Gonzalo Bermúdez, explicó a la agencia de divulgación del Instituto Leloir que en los granos recolectados se hallaron “metales y metaloides”, entre ellos “algunos tóxicos para la salud humana y ambiental como el plomo, cadmio, mercurio, níquel, zinc y cobre”.
“Debido a su alta estabilidad no pueden ser degradados o destruidos, por lo que tienden a acumularse en suelos y sedimentos, y a incorporarse en algunos cultivos”, acotó.


fuente: Pagina 12 --  1 Diciembre 2011
Link:   http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-182441-2011-12-01.html

ASESINAN A CRISTIAN FERREYRA

 

MOVILIZACIÓN A LA CASA DE SANTIAGO DEL ESTERO EN BUENOS AIRES, A LOS TRIBUNALES Y GOBERNACIÓN EN SANTIAGO DEL PARA EXIGIR JUSTICIA

POR EL ASESINATO DE CRISTIAN FERREYRA

Creyeron que te mataban con una orden de fuego.

Creyeron que te enterraban

Y lo que hacían era enterrar una semilla

Ernesto Cardenal

 

Cristian Ferreyra fue asesinado por sicarios de una empresa que intenta arrebatar territorios campesinos para  sembrar soja. Convocamos a todas y todos a expresar su solidaridad y exigir justicia. Para que los responsables de su muerte sean juzgados y condenados.

 

BUENOS AIRES: Concentramos el viernes 17 de Noviembre a las 11hs en Av. 9 de julio y Corrientes para marchar hacia la Casa de la Provincia de Santiago del Estero en la ciudad de Buenos Aires.

SANTIAGO DEL ESTERO: Nos movilizamos desde Perú y Alvear a las 9 de la mañana hasta Tribunales y Casa de Gobierno.

CÓRDOBA: Nos movilizamos a las 12.00 hs en Colón y Cañada exigiendo justicia y escrachando la Casa de Santiago del Estero.

Cristian tenía 23 años, dos hijitos, una vida activa, militante, de la lucha por la vida campesina, del   Mocase-VC, organización campesina del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Vivía en la comunidad de San Antonio, organizada en la COPAL, central campesina en Monte Quemado, en Santiago del Estero. Región en la que las comunidades campesinas vienen siendo hostigadas por el agronegocio desde hace tiempo ya, agresiones que cuentan con el aval y apoyo de sectores de la justicia y el ejecutivo santiagueño. Desde el MNCI venimos denunciando la gravedad de la situación: allanamientos clandestinos, ordenes de detención a dirigentes campesinos, detenciones ilegales a referentes campesinos, destrucción de una radio FM, amenazas con armas de fuego a jóvenes, matones armados, ataques de infantería, y la lista sigue....

El mismo juez que está a cargo de la causa del asesinato de Cristian, es el juez que mantuvo preso más de una semana a uno de nosotros, Ricardo Cuellar, una detención ilegal que terminó cuando el Movimiento se movilizó hasta la comisaría, el juez se escapó del juzgado y ordenó a la policía que lo liberaran. Esa es la institucionalidad que rige en Santiago del Estero. Todos estos hechos han sido debidamente denunciados al Gobierno Provincial.

La violencia la impone el modelo del agronegocio. Los muertos, los heridos, los desalojados, son del campesinado. El Estado  genera las condiciones favorables para que el poder del dinero imponga su lógica de destrucción y de muerte.

Estos modelos de producción están en disputa, y las argentinas y argentinos  debemos comprender que uno significa vida y el otro muerte. Uno significa trabajo digno  y otro renta para unos pocos. Uno soberanía nacional y alimentaria. El otro, reino de las transnacionales. 

La reflexión es urgente, la unidad necesaria, no se trata de mirarnos desde las diferencias, se trata de poder debatir y luchar  por la justicia social y los DDHH, permanentemente vulnerados por las corporaciones, las multinacionales, los agronegocios y sus lacayos locales.

En esa lucha andaba Cristian, poniendo toda su alma y su cuerpo. Desde hoy su alma nos acompaña, porque miles somos las y los que continuaremos

 

Cristian vive! La lucha sigue!

 Somos tierra para alimentar a los pueblos!

 Movimiento Nacional Campesino Indígena

CLOC – Via Campesina

 

Contactos

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011 15 57618785 Carlos Gonzalez

 

Charla debate: Andres Carrasco en Agronomía

A las 17 Hs. !!

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS FUMIGADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

VIII Encuentro de la Campaña “Paren de Fumigarnos!” -

Nuestro país esta inmerso en un proceso de agriculturización intensiva, industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración de capitales y propiedades, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores. Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales concentrados en villas miserias, como también la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población.

 

En las arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras de Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en las alfombras verdes en que se han convertido los mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se observa la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada. Los mas de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja, revolotean sobre nuestras cabezas y además de contaminar el ambiente en que vivimos, son aspirados, absorbidos o simplemente consumidos junto con los alimentos.

Independientemente de la aventura que significa someter la política agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero internacional que ha tomado a las materias primas como objeto de su especulación, el reciente Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) propone, entre otras cosas, el aumento de la superficie cosechada en un 20% cuando la mayoría de las provincias, inclusive la nuestra, se encuentran al límite de uso de sus tierras productivas. En Santa Fe, donde se produce el 80% del biodiesel del país, el Estado Provincial ha asumido seriamente la producción de agrocombustibles proliferando las plantas, principalmente, en el cordón industrial de Rosario lo que significará seguir destinando cada vez más hectáreas que darán de comer a los tanques de los vehículos antes que a la gente. Los gobiernos provinciales, municipales y comunales pueden convertirse en vasallos y rehenes del Fondo Sojero y ser parte del problema, o ponerse al lado de sus poblaciones en defensa de la salud y la vida, mientras tanto, las tasas de mortalidad y de morbilidad se incrementan en los pueblos fumigadas.

Por todo esto, llamamos a los pueblos fumigados a ponerse en movimiento en defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado que garantice el desarrollo humano de esta generación sin comprometer a las generaciones futuras. Para cada ciudadano argentino, la Constitución Nacional nos brinda este derecho pero también nos obliga a preservarlo así como obliga al Estado a la protección de ese derecho, a la utilización racional del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. La participación activa del Estado –en todos sus niveles- en políticas como las mencionadas lo ubica directamente del lado de las corporaciones a las que muy poco les interesa la salud de los argentinos.

Nuestra prédica se sustentará, inicialmente, en los siguientes nueve puntos que consideramos básicos para intentar recomponer el desastre social, ambiental, alimentario y sanitario de nuestras poblaciones:

1.      Prohibir total y absolutamente cualquier tipo de aspersión aérea en toda la provincia.

2.      Establecer una zona de exclusión para las aspersiones terrestres de 800 metros de distancia en forma provisoria y con tendencia ascendente, con respecto al límite del ejido municipal, escuelas rurales, caseríos y cursos de agua.

3.      Propiciar la recategorización de todos los agrotóxicos en uso en forma inmediata, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 147/10 del Defensor del Pueblo de la Nación.

4.      Garantizar el acopio, almacenamiento y manipulación de  agrotóxicos en áreas  alejadas de las zonas pobladas o sensibles y con prevención adicional de escenarios siniestrales.

5.      Establecer las disposiciones legales necesarias, a través de los órganos de gobierno respectivos, para que las empresas proveedoras de agrotóxicos se hagan cargo de los envases descartados.

6.      Prohibir la instalación de silos dentro del ejido municipal. Trasladar los existentes, en un plazo perentorio, a una distancia no menor de 5km. de las áreas urbanas.

7.      Dar cumplimiento público y privado en todo el territorio provincial de la Resolución N° 276/10 del Ministerio de Salud de la Nación (Registro de intoxicaciones por plaguicidas).

8.      Realizar con carácter de urgente estudios epidemiológicos de morbilidad y mortalidad asociada a agrotóxicos.

9.      Desarrollar y estimular programas de  producción agroecológica en toda la provincia, promoviendo y coordinando iniciativas con organismos nacionales y áreas universitarias específicas.

Santa Fe, octubre de 2011.

Campaña “Paren de Fumigarnos! “ - Santa Fe -

Mov. Mundial por la Salud de los Pueblos de Argentina Rosario

Mov Ambientalista “Basta de Cancer” Arroyo Seco

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones Esperanza

Asoc. Civil Muyuqui San Justo

Asamblea por la Vida San Lorenzo

Ecos de la Sociedad Puerto Gral S Martin

Asoc. Civil Espacio para la Conservación y la Acción Social. Venado Tuerto

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones Malabrigo

Grupo Ecologista Genesis Rosario

Agrupación Bicentenario Carcarañá Carcarañá

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones Perez

Centro Ecologista 25 de Mayo Empalme Villa Constitución

Vecinos Autoconvocados Totoras

Conciencia Solidaria Santa Fe

Conciencia Solidaria – Coordinadora Regional - Rosario

Foro de Trabajadores Expuesto a Riesgos Laborales Rosario

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones María Juana

Grupo Misionero Trashumante Hersilia

Grupo de Vecinos Autoconvocados "Dejate Sorprender" Hersilia

Amsafe San Cristobal, CTA Dto San Cristobal - San Cristobal

Frente Gremial "4 de Abril" Dpto General Obligado Reconquista

"Encuentro por los Derechos Humanos" Reconquista

 Instituto de Cultura popular (INCUPO) Reconquista

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) Reconquista

Liga Argentina por los Derechos del Hombre Reconquista

Cátedra Abierta sobre DDHH – ISP Nº 4 Reconquista

Periódico “Edición 4” Reconquista

Mesa Agroecológica Reconquista

Partido Obrero Reconquista

Proyecto Sur Reconquista

Taller de la Mujer Reconquista-Avellaneda Reconquista

Sociedad de Pediatría de Reconquista Reconquista

Espacio de Reflexión y Debate Reconquista

Granja Agroecologica La Verdecita. Santa Fe

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones Ramona

"Centro de Estudios Alejandro Olmos"     Santa Fe

Asociación "Amigos de la Vida" Rafaela

Centro de Dadores Voluntarios de Sangre Rafaela

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones San Jorge

CTA provincia de Santa Fe - (secretario gral.) Santa fe

ADECI (Asociación Defensa del Ciudadano) Santa Fe

EVA- Escuela Vocacional de Agroecologia – La Verdecita Santa Fe

"Asociación Mas Vida" Laguna Paiva

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones Stephenson

Taller Ecologista Rosario

Taller de Comunicación Ambiental Rosario

 Esc N° 47 - Campo Crespo. Monte Vera

Firmat por la Vida Firmat

Sub Secretaria Académica, Fac. Cs Médicas UNR Rosario

Asoc.Civil N.O.R.T.E Santa Fe

Vecinos del Barrio Malvinas Rosario

Sindicato Argentino de Television Seccional Santa Fe María Juana

Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat) Santa Fe

Centro Ecologista Renacer Villa Constitución

Secretaria General CTA Villa Constitución

ADeR (Asoc. Para el Desarrollo Rural) Villa Minetti

Movimiento de Unidad Villense Villa Constitución

Partido Comunista Villa Constitución

Periodista Santa Fe

Pte Vecinal Barrio Reyes San Justo

Secretario General CTA de la Costa San Justo

Vocal CTA de la Costa San Justo

Foro Santafecino por la Salud y el Ambiente Santa Fe

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones Ceres

Grupo de Tamberos – Mov. Campesino de Liberación (MCL) Estación Diaz

Foro Nacional de la Agricultura Familiar Estación Diaz

Vecinos Autoconvocados Contra las Fumigaciones Desvío Arijón

Vecinos Autoconvocados Barrio Hostal del Sol (Aeropuerto) Rosario

“El Grito del Barrio Malvinas” Rosario

Mov. Campesino de Liberación - Coordinación Nacional Arroyo Seco

Centro de Protección a la Naturaleza
Campaña "Paren de Fumigarnos!"
Belgrano 3716 - CP 3000 - Santa Fe - tel. 0342 4531157
www.cepronat-santafe.com.ar

Peligro ! Nuevas fumigaciones en Vicente López violan Ordenanza Municipal

CRONICA de ENVENENAMIENTO :

Martes  17 de mayo de 2011,  14:00 hs.

En una tarde soleada y ventosa, entre las Estaciones de Munro y Carapachay  del Municipio de Vicente López (ex ferrocarril Belgrano, hoy FERROVIAS), muchos vecinos/as fuimos testigos de la tan temida FUMIGACIÓN con GLIFOSATO alrededor de las vías. Esta se realizó en particular encima del pasto verde, y cerca, muy cerca de los vecinos inadvertidos. Numerosos transeuntes, trenes repletos de pasajeros,  viviendas a solo diez metros del lugar, una escuela y una Unidad de Atención Primaria (UAP) no impidieron ni obstaculizaron la fumigación. La cámara de fotos sí.

Siete (7) trabajadores de la empresa tercerizada "LOGIWAY" realizaron estas tareas (como muestran las fotos) munidos de fumigadores a motor, algunos con guantes y simples barbijos, aunque no todos.                                  

Un camión de la empresa los acompañaba por calles aledañas. El vehículo transportaba un gran tanque lleno del poderoso herbicida con el que se iban llenando numerosos bidones sin etiquetas identificatorias,  para luego alimentar las mochilas lanza-toxicos que  llevaban  los operarios sobre sus espaldas.

Nos acercamos con Ernesto, entablamos un diálogo, nos dijeron que el líquido que usaban era para matar el pasto, pero no sabían de su nombre ni de su peligrosidad. Les explicamos que era lo mismo que se usa en el campo para matar las hierbas que compiten con la soja transgénica, y también les contamos de las consecuencias nefastas para la salud de los seres vivos, de las micropartículas que vuelan hasta 800 metros a la redonda, y de las leyes nacionales,  provinciales y ordenanzas municipales  que prohiben la fumigaciónes.

Más de un trabajador tenía derramado GLIFOSATO  sobre sus ropas, y ante nuestra advertencia manifestaron que hacía años que trabajaban en esto y que "que le vamos hacer, es nuestro trabajo", mientras otro trabajador enojado  nos desafiaba a discutir todo, porque "esto que hacemos está mal, pero todo está mal"...

Finalmente recibieron un llamado, explicaron que "no podemos trabajar asi, nos sacan fotos, la gente protesta, ya nos pasó en otros lados, nos vamos"; levantaron todo y se fueron.
Hablamos con empleados de FERROVIAS que nos escucharon interesados. Ellos desconocían el tema.
Fuimos a un ente que depende de la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Vte López a exigir que cumplan con la Ordenanza Municipal Nº 28.239 que prohíbe las fumigaciones desde 2009. Tomaron nota, también nuestros teléfonos,  nos dijeron que la Dra. Andrea Mendoza se iba a comunicar con nosotros, pero por el momento nadie lo hizo.

Estos hechos, que se repiten en los terrenos de los ferrocarriles de muchos partidos vecinos y en la Capital Federal, así como también en las casas cercanas a los cultivos de soja transgénica RR (resistente al Roundup, nombre comercial del glifosato, comercializado por la empresa transnacional Monsanto) merecen una amplia discusión en todo el país y sobre todo una amplia y masiva acción para frenar las fumigaciones en la ciudad y el campo, para así detener el  crimen que se está cometiendo... antes de que sea demasiado tarde.

Carlos de Carapachay.

PELIGRO: MODIFICARÍAN LA LEY DE AGROQUÍMICOS PARA AUTORIZAR LAS FUMIGACIONES HASTA EL BORDE DE CASAS, ESCUELAS Y HOSPITALES

RENACE INFORMA

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA dela Argentina

Ud. puede reclamar por su salud.

El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires creó en 2010 la Mesa de Trabajo sobre el Proyecto de Modificación del Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley de Agroquímicos 10.699. Lo que podría haber sido un espacio para resolver los innumerables problemas relevados en todo el territorio provincial por exposición a plaguicidas, se convirtió en una trampa que podría costar la salud y la vida de miles de coprovincianos. El dictámen permitiría fumigar sin restricciones a Agrotóxicos Clase 3 y 4.

En lo metodológico impugnamos la Mesa de Trabajo creada de modo arbitrario, por

1. No es plural. En ella no están representadas las diferentes escuelas de pensamiento ni los distintos territorios y sus características particularísimas. Se negó concretamente la participación a instituciones de probada trayectoria en el tema.

2. No es interinstitucional, ya que no hubo presencia de ninguna institución que represente específicamente a los vecinos que son y serán los afectados por las fumigaciones, ni representantes del Ministerio de Salud ni de los hospitales ni centros de salud de la provincia; 

3. No es  interdisciplinario, ya que no están representadas las disciplinas de la salud, ni la sociología, ni la ecología; y solamente está representada la escuela neoliberal, en todo caso, de la economía, a través de las Cámaras. Una mesa de trabajo que diga tratar temas de salud no puede NO TENER NINGUN MEDICO

4. No puede organizarse una mesa de trabajo para tratar un conflicto de intereses, donde esté representada sólo una de las partes, y los intelectuales de las escuelas de pensamiento que avalan la postura de esa parte, estando ausentes y censurados todos los que la cuestionan, dado que se trata de un conflicto entre dos partes: Productores, vendedores y aplicadores por un lado,  y habitantes fumigados por el otro.

5. No pueden las Cámaras empresarias estar reglamentando sus propias actividades. No es posible que sean juez y parte.

6. No puede decidirse en temas tan sensibles sin apelar a ninguna epidemiología.

7. No pueden discutirse los impactos de los agrotóxicos en la salud sin intercambiar información alguna con el colectivo Médicos de Pueblos Fumigados, de reciente reunión y otras instituciones y organizaciones que de manera sistemática trabajan en el tema dese hace mas de 20 años.

8. No se contemplan las condiciones ambientales al determinar los equipos de protección a utilizar durante la etapa de dosificación y aplicación.

9.  No se establecen los organismos que realizarán las difíciles funciones de monitoreo. 

10. No se establecen mecanismos de información, sensibilización y capacitación para productores y trabajadores.

En lo específico, consideramos que:

1) Las clasificaciones toxicológicas no son instrumentos para fijar distancias libres de fumigación y esas clasificaciones deben ser siempre usadas como criterios complementarios, nunca como criterio principal, tal como lo viene sosteniendo  incluso la OMS hace ya tanto tiempo. 

La baja toxicidad aguda es en realidad la baja toxicidad letal aguda (DL50), es decir, la dosis que mata en corto tiempo al 50% de la muestra analizada. No se refiere a la toxicidad aguda en general, que es la que produce el daño en el corto plazo; ni a la toxicidad crónica que es la que se produce por padecimiento de dosis repetidas o cuando el daño aparece en el mediano y largo plazo, que es el caso de los vecinos fumigados sistemáticamente

Ese tipo de argumentaciones, que muestran los daños que supuestamente no hacen los pesticidas y ocultan los daños que sí generan, son los que esgrime el discurso sojero transgénico cuando defiende el uso de esos productos. Y los defiende de esa manera porque no puede hacerlo de otra.

El informe FAO/OMS 2004 no señala ningún estudio de afectación a la población en general ni comenta sobre estudios epidemiológicos, lo que significa que no fueron considerados por el Comité.

2) Son insuficiente las distancias establecidas respecto de los cursos de aguas al realizarse las aplicaciones. Los plaguicidas pueden alcanzar dichos cursos ya por infiltración como por arrastre de partículas solidas – erosión – y relaves a causa de las lluvias.

3) Se establecen reglamentaciones de dudosa posibilidad de aplicación. Por ejemplo, la venta bajo receta agronómica, la autorización para hacer mezclas o sobre las tecnologías de aplicación, que han sido sistemáticamente violadas y que ya se hallan en la ley vigente.

4) Las aplicaciones de productos clasificados como clase III y IV a menos de 300 metros de las zonas habitadas desconoce la arbitrariedad e insuficiencia de criterios de esas clasificaciones asi como la posibilidad de bioacumulación, arrastre a grandes distancias y persistencia en el ambiente.

www.renace.net

Comienza el otoño: nueva fumigación en Buenos Aires

Villa Urquiza, 21 de marzo de 2011, 9:30am.
En la cortadita de Valdenegro y la vía, un Lunes radiante por la mañana, los vecinos sueltan sus perros, podan las plantas de sus veredas, salen a sus trabajos. El Verano se aleja lentamente, y la tranquila vida del barrio se desenvuelve en una mañana tibia, entre ecos lejanos de noticias de guerras y nubes radiactivas.

Todo es placidez aquí, cuando entra el camioncito Hyundai hasta el final de la cuadra, donde se encuentra la gran reja que, infranqueable, separa el asfalto del terreno del ferrocarril Mitre/J.L. Suárez. El camión, conocido para nosotros, como siempre, viene lleno de bidones blancos. Sería inocente de nuestra parte pensar que por equivocación se internó en una calle sin salida como esta. Ya conocemos del contenido de los bidones, confesado como "fosato" por uno de sus capataces el año pasado. Ya conocemos el manejo que hacen de estos bidones, de modo que no nos sorprende que sean arrojados por encima de la reja de tres metros y caigan aparatosamente. La cuadrilla de fumigadores se encuentra en el terreno del ferrocarril, a escasos cinco metros de las casas. No es del todo casual que los descubramos. Ya fuimos testigos de media docena de fumigaciones en estos barrios, y siempre es el mismo camioncito blanco, siempre los mismos trajes blancos y los mismos bidones. Hay vecinos en permanente estado de alerta, y el ojo ya está entrenado.

Los estudios del Dr. Andrés Carrasco, validados en publicaciones internacionales de incuestionable trayectoria, las innumerables denuncias por enfermedad, malformaciones, intoxicación y alergias, los trabajos y testimonios de médicos de todo el interior del país, no han sido suficientes para que el Gobierno de la Ciudad  ejerza el debido poder de policía ( que nada tiene que ver con la policia metropolitana, ni con las cámaras de alta resolución que espían a los vecinos en gran parte de la ciudad, ni con el plan de seguridad ), como le corresponde en  su jurisdicción, siendo que las substancias fumigadas o rociadas son llevadas por el viento a las casas vecinas, a las verdulerías y kioskos de revistas mientras los bidones son transportados por toda la ciudad, y los rociadores son recargados en los pasos a nivel sin el menor cuidado de los peatones que por allí transitan. Todo esto sin contar  los trenes, que atestados de pasajeros en hora pico pasan a través de una nube tóxica con sus ventanillas abiertas.

Pareciera que la inconveniencia política de sancionar una ordenanza contra las fumigaciones, o específicamente contra el glifosato en la Ciudad de Buenos Aires (donde Monsanto suena como principal empresa transnacional asociada a este tóxico) se antepone a la exposición innecesaria de los ciudadanos a un cuestionado veneno agroquímico.

Sí, sabemos que los ferrocarriles circulan en terrenos federales, pero también es obvio que al intendente de nuestra Ciudad le importa muy poco el tema, ya que han sido ordenanzas y leyes sancionados en los partidos limítrofes los que prohiben las fumigaciones de herbicidas en terrenos del ferrocarril , tales los casos de Vicente López, Lomas de Zamora, etc.

No podemos creer que la desidia y el desinterés lleguen a tanto, por eso inferimos intereses  políticos y económicos. Es cierto que el glifosato está clasificado en nuestro país como un tóxico casi inocuo para la salud humana. Pero también es cierto que en la Unión Europea está clasificado como ALTAMENTE tóxico. Y también es cierto que el sistema de clasificación de agrotóxicos utilizado en nuestro país (DL50) de ninguna manera contempla los daños crónicos que éstos puedieran causar, es por ello que cáncer, malformaciones congénitas, interrupciones de embarazos, alergias, afecciones pulmonares etc. no configuran la más mínima sospecha oficial en contra de los agroquímicos. 

Queremos destacar el hecho de que es una fumigación o pulverización de gran magnitud, donde cuatro o cinco operarios rocían VENENO con mochilas motorizadas, no en el campo (no estamos diciendo que sea inocuo en ese caso) , no en una emergencia sanitaria como una invasión de ratas o mosquitos transmisores de enfermedades, sino en el corazón de el centro más densamente poblado del país. Esta tarea se lleva a cabo en presencia de personal de TBA en el caso de la Linea Mitre, y con apoyo logístico de un camión que provee una veintena de bidones con los que se cargan las mochilas y se traslada a la cuadrilla.

¿Y porque?

Bueno, aunque dé vergüenza ajena decirlo, es porque fumigar, aún con el consiguiente riesgo de envenenar y enfermar a los vecinos, es unos pesos más barato que pasar regularmente con máquinas para cortar el pasto. Ya que el Glifosato y los peligrosos componentes que acompañan su preparación, se pulverizan con esa finalidad: para que no crezca el pasto.

Difícil de creer no?

___________________________________________________________

por favor, difundir.

El Defensor del Pueblo de la Nación pide Reclasificar Agrotóxicos

Resolución sobre la Clasificación de la Toxicidad de los Agroquímicos

BUENOS AIRES, 12 de Noviembre de 2010

VISTO, la actuación Nº 1680/10, caratulada: "Solicitud de intervención vinculada a la modificación de la metodología utilizada en la clasificación de los agroquímicos", como así también las actuaciones Nos. 9203/02, 6193/03, 1305/04, 1389/07, 1614/07, 3840/07, 215/08, 7549/08, 912/09, 1839/09, 2216/09, 2787/09; y

CONSIDERANDO:

Que en la actuación Nº 1680/10, más de 2.700 firmas de ciudadanas y ciudadanos de distintos puntos del país, que desempeñan variadas actividades, manifiestan su rechazo por los daños a la salud que generan o pueden generar los agroquímicos fumigados y solicitan la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para lograr el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos.

Que con respecto a esta problemática existen diversas denuncias en la DPN (se agregan a la presente como Anexo I), en los medios de comunicación masiva y en la justicia, como así también un variado número de estudios científico-técnicos, que destacan los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud, de adultos y especialmente de niños, de poblaciones lindantes a zonas cultivadas donde se utilizan diversos tipos de estas sustancias.

Que el núcleo de los reclamos presentados a esta DPN tienen que ver, principalmente, con los siguientes puntos:

1. Mayores porcentajes de niños nacidos con malformaciones congénitas y abortos espontáneos asociados a las aplicaciones de agroquímicos en las provincias de Misiones y Chaco. Simultáneamente, se produciría la degradación de la capacidad productiva del suelo, contaminación del aire y envenenamiento de los cursos de agua, en zonas tabacaleras y arroceras.

2. Aplicación aérea de agroquímicos, práctica que por estar los cultivos tan cercanos a los barrios y a las rutas, terminan rociando con sustancias tóxicas a los vecinos y viajantes.

Que de la investigación desarrollada por esta Defensoría, que incluye pedido de información al Ministerio de Salud de la Nación y a la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Buenos Aires fs 200-2005, Cuerpo II de la actuación, entre otros, surge que los síntomas de intoxicación con estas sustancias son variados según su tipo. Así algunos tóxicos no producen síntomas en lo inmediato, sino que se acumulan en el organismo hasta que sobrepasan el límite de resistencia del hígado, mientras que otros no tienen poder residual, pero, son de alta toxicidad. Las consecuencias van desde el dolor de cabeza, fatiga, debilidad, mareos, náuseas, hasta la alteración del sistema nervioso, problemas respiratorios, en la sangre y en los huesos, retardo mental, carcinogenicidad, daño reproductivo y muerte. 

Que la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, creada por el Sr. Gobernador en diciembre del 2009, elaboró un "Primer Informe" donde se señala que los casos de cáncer en niños menores de 10 años se triplicaron en la última década, y que este incremento coincide con la aplicación de prácticas y técnicas de cultivo que incluyen pulverizaciones aéreas con pesticidas vinculadas a la expansión de la frontera agrícola; que las malformaciones congénitas en el mismo período se incrementaron aún más, llegando a cuadruplicarse. Esta información fue presentada por los denunciantes y corroborada en el "Iº Encuentro Nacional de Médicxs de Pueblos Fumigados", realizado el 27 y 28 de agosto del corriente año, por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en esa ciudad y del que esta Defensoría ha participado.

Que la Resolución Nº 350/99, de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, es la que regula, hasta hoy, la autorización y clasificación de los agroquímicos en la R. Argentina, a través del "Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina", que figura como anexo de dicha norma.

Que la misma adopta la toxicidad aguda del producto formulado mediante el método conocido como DL50 (dosis letal aguda cincuenta por ciento), como única metodología de clasificación (Capítulo 2 del referido manual).

Que la metodología de clasificación basada en la DL 50 no tiene en cuenta ninguna de estas tres situaciones: si la sustancia analizada tiene efectos letales tardíos, postergados en el tiempo; efectos acumulativos después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años, o afectaciones a la salud que disminuyen la calidad de vida.

Que, en otras palabras, la norma que actualmente regula la clasificación de los agroquímicos, no considera en su metodología:
a. la toxicidad subletal, es decir, la que no mata en un plazo corto, pero causa otros daños y/o resulta letal a largo plazo.
b. la toxicidad crónica, es decir, aquella que produce daños y/o muerte por exposición repetida.

Que los agroquímicos que se utilizan en la Argentina no se aplican en forma individual, sino que varios de ellos se mezclan en formulados con el objeto de aumentar su toxicidad.

Que la clasificación del formulado según el "Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina", ya citado, que considera inerte a todos los coadyuvantes de la sustancia activa, se realiza teniendo en cuenta la clasificación toxicológica del denominado componente activo, y no la de la sustancia más tóxica, haciéndolos parecer como menos peligrosos de lo que en realidad son.

Que, en consecuencia, la toxicidad indicada para los formulados comercializados no representa su toxicidad real.

Que las clasificaciones que indica ese manual son las que después utilizan los gobiernos provinciales para elaborar las normas que regulan la aplicación y control de los agroquímicos en sus territorios, extendiéndose las consecuencias sobre los municipios, comunas, viviendas y escuelas rurales donde la gente desarrolla su vida.

Que esa clasificación de las sustancias químicas, al no tener en cuenta la totalidad de los efectos nocivos de los agroquímicos para la salud, trae aparejados controles laxos e insuficientes que evidentemente, por lo antes mencionado, resultan deficientes para el cuidado de la salud de la población expuesta y del medio natural.

Que los cuidados que adoptan las personas que manipulan y aplican los agroquímicos están estrechamente vinculados a su clasificación toxicológica y a las normas que resultan de esa clasificación, induciendo a la población a manipularlos con menos cuidados que el que corresponde.

Que, por otra parte, esta DPN en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas y las Agencias PNUD, UNICEF, OIT y OPS-OMS, ha concluido el primer Atlas de Riesgo Ambiental de la Niñez en la República Argentina, que posee un capítulo completo dedicado al análisis del riesgo por agroquímicos.

Que durante su elaboración se encontraron dificultades para sacar conclusiones, dado que los resultados teóricos basados en la clasificación toxicológica actual de las sustancias no coincidía con las observaciones de campo respecto a sus efectos nocivos.

Que aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, lo expresado en el Atlas da cuenta de un número aproximado de 3 millones de niños y niñas que viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.

Que el conjunto de los considerandos expuestos, permiten concluir que la modificación de la norma que fija la metodología de clasificación de los agroquímicos, es una de las medidas absolutamente necesarias para dar verdadera protección tanto a la población como al medio natural que la contiene, contra los riesgos y daños que generan los agroquímicos.

Que la clasificación de los agroquímicos en función de criterios que contemplan la toxicidad subletal y crónica, a fin de determinar sus pautas de uso y manejo, es una medida eficaz en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente y proteger la salud humana.

Que conviene, asimismo, señalar la necesidad de lograr que las evaluaciones de riesgo sean elaboradas por entes independientes en contrario de lo que actualmente se practica, según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación que señala que las mismas son provistos por el productor. Si bien estas evaluaciones se ajustan a los protocolos internacionales de estudio es necesario asegurar una independencia de criterio transparente al respecto.

Que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo".

Que la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, define al principio precautorio en su art. 4 en los siguientes términos: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 13, párrafo primero, de la Ley Nº 24.284, modificada por la Ley Nº 24.379.

Que en consecuencia de todo lo expuesto corresponde efectuar una recomendación al SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACION que ordene, a las áreas que corresponda, se efectúen los estudios necesarios para modificar la actual normativa que fija la metodología de clasificación de agroquímicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 86 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley Nº 24.284 y normas concordantes.

Por ello,

EL ADJUNTO I DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1.- Recomendar al SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, de manera tal que:
1) Abarque al conjunto de todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar (letal y subletal, agudo y crónico).
2)  Hasta tanto se realice la revisión de la clasificación, los agroquímicos aprobados que no tengan evaluado el grado de su toxicidad en las dosis subletales y crónicas, sean clasificados como "I.a: sumamente peligrosos, muy tóxicos", e identificados con banda roja.
3)  Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente.
4)  Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos, deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio.

Artículo 2.- Regístrese, notifíquese en los términos del artículo 28 de la ley Nº 24.284, publíquese y archívese.


RESOLUCION Nº147/10



fuente: Sito oficial del Defensor del Pueblo de la Nación

link:


http://www.dpn.gov.ar/areas.php?id=01&ms=area3

¡¡ Peligro: Masiva Fumigación con GLIFOSATO en el barrio de Saavedra !!

El Martes 7 de Septiembre, en un mediodía  radiante de principios de primavera, nuevamente una cuadrilla de cuatro fumigadores, y cuatro personas más, incluído personal de TBA, fueron detectados y fotografiados por un grupo de vecinos del barrio de Saavedra. 

Si bien se desconoce la mezcla exacta de los productos rociados, la empresa encargada es la misma que realizó la fumigación del día 20 de agosto, por lo que inferimos que se trataría otra vez del temido glifosato. El personal lucía remeras identificatorias con el logo de Express Wash, empresa que estaría radicada en Haedo. 

Express Wash SRL

Como muestran las fotografías, los apartos rociadores se cargaron en pasos a nivel altamente transitados, como los de Plaza y Crisólogo Larralde y Plaza y Balbín, en donde bidones sin tapa fueron dejados en la vereda, así como las máquinas rociadoras,  que sin ningún tipo de prevención, quedaron chorreando veneno en el paso de los peatones.

Los operarios trabajan a paso firme y en pocos minutos recorren un par de cuadras por lo que son difíciles de interceptar.  Si bien los operarios que realizan la fumigación poseen trajes  y máscaras, los acompañantes que a pocos metros caminan con ellos y recargan las máquinas, apenas usan guantes.

Crisologo Larralde y Plaza, mediodía. " fumigame el auto pibe "

En los útimos días se han detectado plantas sobre la calle Plaza que "misteriosamente" se secaron una semana después de la fumigación.

El operativo se concretó en un par de horas, e incluyó las vías y aledaños (hasta la vereda) desde Avenida Congreso, hasta la avenida General Paz , el límite con Vicente López.

"Comprate un pancho y lo comemos acá, con los bidones abiertos."

Hay algo que huele mal en Saavedra..

"gracias a estos pibes ya casi no tengo hormigas... espero que los pichichos aguanten....."

 

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

Fecha de Publicación: 12/10/2010
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.
La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.
“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.
A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.
Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.
Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.
El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.
La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).
El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.
Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.
El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.
La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.
Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.
Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.